La complejidad del problema, la cantidad de países afectados y las dimensiones de la zona en la que se llevan a cabo los ataques, aconsejaron, desde un principio, que España adoptase líneas de actuación tendentes a conseguir una respuesta de la comunidad internacional en su conjunto.

Las iniciativas españolas han sido múltiples y en distintos ámbitos. Así, España impulsó y copatrocinó la citada resolución 1816 de Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, y promovió el lanzamiento de una misión de la Unión Europea en la zona, en el ámbito de la Política Europea de Seguridad y Defensa.

También se tomaron distintas iniciativas en el ámbito bilateral, como la elaborada con Francia para la "Lucha contra la piratería en las costas somalíes", presentada en Zaragoza el pasado 27 de junio por el Presidente del Gobierno español y el Primer Ministro francés, con ocasión de la Cumbre hispano-francesa de alto nivel, y que originó la creación de una Célula de Coordinación de la Unión Europea.

Otra de las iniciativas aprobadas recientemente por el Gobierno español es la tipificación del delito de piratería en la próxima reforma de nuestro Código Penal. Así, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de noviembre un anteproyecto de reforma del Código Penal que contempla el nuevo tipo penal de piratería, que se incluye dentro de los delitos contra la comunidad internacional.  También incluye los eventuales actos ilícitos contra la navegación aérea. El delito de piratería prevé una pena de prisión de 10 a 15 años al que se apodere, dañe o destruya una aeronave, un buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o atente contra las personas o bienes que se hallen a bordo. Esta pena se impondrá además de las que se impongan por otros delitos cometidos durante el acto de piratería.

El nuevo Código también contemplará una nueva pena de uno a tres años para el que se resista o desobedezca a un buque de guerra